El diputado y expresidente del Colegio de Abogados Isaac Lenguaza (PAyS) elaboró la iniciativa que tomará estado parlamentario este jueves, en la primera sesión ordinaria de este período, y que contó con la colaboración del también abogado y exvicepresidente del Colegio de Abogados, Fernando Orbe.
Después de un detallado resumen sobre los avances de la digitalización en los procesos judiciales después de nueve años de su punto de inicio, reclaman “en nombre de todos los abogados y justiciables de la provincia” que se atienda “el déficit dado por la lenta o nula utilización de los logros del Siged en las demás Circunscripciones Judiciales y en los demás Fueros e instancias”, incluida la necesaria Notificación Electrònica que hubiera sido tan necesaria en plena pandemia por el COVID 19, “pero que no tuvo una política constante para avanzar en su implementación”. “Tampoco ha habido impulso en el Fuero Laboral de Posadas en implementar otras funcionalidades ya que la única que se puede mencionar es la Prueba Piloto – no obligatoria – de las llamadas Notificaciones Electrónicas Judiciales (NEJ) que fue dispuesta en la Acordada 11/19, pero que no llegó a tener éxito por su carácter voluntario”, agregan.
Señalan también que “más allá del dictado de la Acordada 156/19 que establece la obligatoriedad de la utilización de la Firma Digital y de la Registración de todos los datos de las causas en el sistema, el STJM no ha avanzado en la implantación y uso obligatorio del SIGED ni en las Notificaciones Electrónicas, siendo este el principal déficit que tenemos en estos momentos tan particulares suscitados a partir de la declaración de la Pandemia”.
El proyecto también sugiere ampliar los presupuestos que sean necesarios para apurar las herramientas digitales, a la vez que solicita se informe a la Legislatura sobre las normas que deban ser modificadas para complementar el proceso.
“Entendemos que herramientas están y solo resta reglamentar su utilización dictando las normas que le den sustento y realizando las reformas legislativas que definitivamente las despojen de cualquier discusión sobre su validez”, finaliza el proyecto.